El optimismo existe, pero parte de una base excepcional
Fujimori inició su mandato el 28 de julio después de una elección definida por apenas 49,641 votos. La designación del economista Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, al frente del Ministerio de Economía reforzó la expectativa de continuidad técnica. Moody’s también ha señalado que el nuevo gobierno podría sostener la confianza de los inversionistas, aunque advierte sobre la polarización y los desafíos fiscales.
La economía llega con viento a favor. El banco central elevó en junio su previsión de crecimiento para 2026 a 3.4% y proyectó 3.2% para 2027. El Fondo Monetario Internacional, con información anterior, calculó una expansión de 2.8% para este año. La diferencia no implica que una institución esté necesariamente equivocada: muestra que las estimaciones dependen del momento, de los precios de los metales y del ritmo de la demanda interna.
El respaldo externo es importante. El BCRP estima que los términos de intercambio —la relación entre los precios de exportación e importación— mejorarán 18.3% en 2026 y que la cuenta corriente registrará un superávit equivalente a 3.9% del PIB. El cobre y el oro sostienen buena parte de esa mejora. El riesgo es confundir un ciclo favorable de materias primas con una solución permanente a los problemas de productividad, informalidad e infraestructura.
Seguridad y gobernabilidad serán el primer examen
La primera prueba será política. Fujimori llega con una victoria muy estrecha y sin una mayoría automática que le permita aprobar reformas sin acuerdos. El nuevo Congreso obliga al gobierno a negociar, mientras la polarización y las protestas que acompañaron la toma de posesión muestran que el respaldo electoral no equivale a un cheque en blanco.
La segunda prueba es la seguridad. En su primer mensaje, la presidenta colocó el combate al crimen como prioridad, anunció más recursos para la policía y una participación reforzada de las Fuerzas Armadas. El problema no es solo social: la extorsión, el crimen organizado y la minería ilegal elevan los costos para las empresas, frenan proyectos y debilitan la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
El mercado suele recibir bien los equipos técnicos, pero la confianza también depende de las instituciones. Una estrategia de seguridad que reduzca los delitos sin erosionar los contrapesos puede facilitar la inversión. Una respuesta improvisada, excesiva o jurídicamente débil podría producir el efecto contrario. La estabilidad política será una variable económica, no solamente un asunto de gobierno.
Más inversión no bastará sin formalidad y disciplina fiscal
La tercera prueba será convertir la cartera de proyectos en inversión ejecutada. El FMI calcula que Perú necesita alrededor de 100,000 millones de dólares en infraestructura y que existe una cartera minera detenida por unos 63,000 millones, equivalente a cerca de 18% del PIB. Liberar parte de esos proyectos ayudaría al crecimiento, pero exige permisos más predecibles, capacidad pública, diálogo con las comunidades y seguridad jurídica.
La cuarta prueba está en el mercado laboral. Más de 70% de la fuerza laboral peruana trabaja en la informalidad y la pobreza todavía supera 25% de la población. Fujimori anunció elevar el salario mínimo a 1,300 soles y aumentar la Pensión 65 a 700 soles bimestrales. Las medidas pueden mejorar los ingresos de ciertos grupos, pero su alcance dependerá de la reglamentación, el costo fiscal y la capacidad de incorporar a más trabajadores a la economía formal.
La quinta prueba es fiscal. El FMI estima un déficit cercano a 2% del PIB y una deuda pública de alrededor de 32%, niveles manejables frente a otros países de la región. Esa fortaleza puede perderse si las nuevas promesas de gasto no tienen financiamiento permanente o si fenómenos climáticos como El Niño obligan a elevar el presupuesto de emergencia. La clave no será gastar menos por principio, sino priorizar, financiar y ejecutar mejor.
Qué significa para México y qué debe vigilar el mercado
Para México, el impacto directo es limitado. En abril de 2026, las exportaciones mexicanas a Perú sumaron 113 millones de dólares y las importaciones alcanzaron 103 millones. Perú representó menos de 0.25% tanto de las exportaciones como de las importaciones mexicanas. Por eso, el cambio de gobierno no es por sí solo un catalizador relevante para el peso mexicano o el USD/MXN.
El canal más concreto pasa por el cobre y por las empresas con exposición regional. En 2024, el principal producto importado por México desde Perú fue cobre refinado y aleaciones, con compras por 310 millones de dólares. Una mayor producción peruana podría apoyar la disponibilidad del metal; conflictos sociales, minería ilegal o retrasos regulatorios podrían mantener la presión sobre los costos.
También queda por resolver la recomposición de la relación diplomática bilateral tras la ruptura anunciada en noviembre de 2025. La normalización sería relevante para la cooperación económica y para la coordinación dentro de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú, Chile y Colombia. Sin embargo, ese proceso no debe darse por concluido hasta que exista una confirmación oficial de ambos gobiernos.
La lectura prudente es que Fujimori recibe una economía con amortiguadores sólidos y un entorno externo favorable, pero no una economía sin problemas. El optimismo podrá sostenerse si el gobierno preserva la autonomía del banco central, respeta las reglas fiscales, ejecuta inversión, reduce la inseguridad y construye acuerdos. Los primeros nombramientos ayudan, aunque todavía no demuestran que esas cinco tareas vayan a resolverse.
